La Libertad de comunicación un privilegio de pocos, un deseo de muchos.

En Colombia no hay licencia para fundar medios masivos de comunicación y esto lo queremos denunciar, sin que eso signifique que Colombia no sea un país con una belleza natural inmensa, con una diversidad étnica casi que inigualable y con una Constitución Política que garantiza los derechos fundamentales inherentes a los seres humanos.

La libertad de expresar y difundir el pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación, tal como lo contempla el artículo 20 de la Carta Política Colombiana de 1991, es un derecho de todos, que le han robado a los colombianos, las mafias que monopolizan los medios de comunicación.

Ariel Guzmán, nació en un pueblo escondido del departamento de Córdoba, donde hace mucho tiempo, la violencia, se llevó a su paso todo medio de comunicación, silenciando y ensordeciendo a sus más de 20 mil habitantes en promedio, pero no solo es la violencia lo que en Colombia cercena el precioso derecho de informar y de fundar medios masivos de comunicación, sino también las mafias políticas del estado, las cuales son cómplices de un pequeño grupo de empresarios, que monopolizan la comunicación y esconden la verdad a la gente, al tiempo que usan al estado, para perseguir a aquellas personas de bien, que pretenden fundar medios masivos de comunicación, para educar y decir la verdad, sin compromisos políticos, ni económicos.

Después de una larga caminata por un camino polvoriento, nos encontramos en el departamento de Bolívar muy cerca de Cartagena, con un hombre a quien todos llaman cariñosamente “Ospica”, él es una persona querida por la comunidad, quien se dedica a reparar radios y televisores a los vecinos y quien al encontrarlo nos dijo que “un día se le ocurrió hacer un trasmisor de radio, para enseñar a sus coterráneos y difundir noticias de interés para la comunidad con el apoyo de un amigo que es profesor de castellanos, que no tenía trabajo, por falta de oportunidades, ya que los políticos de Bolívar, nunca le ayudaron a conseguir un puesto en una escuela pública, muy a pesar de estar mejor preparado que otras personas…” y con voz entrecortada cuenta “Ospica” que un día llegó de repente un grupo de hombres uniformados que decían ser de una agencia del Estado, para llevarse su pedazo de trasmisor y lo dejaron sin con que educar a la gente que no lograba un cupo en la escuelita de su pueblo.

En San José de Uré, hay sólo dos medios y el de don Benjamín es uno de ellos. No tiene nombre, ni oficinas. Se trata de un cartel sostenido por dos palos rústicos, protegidos por un deteriorado techo de zinc, el cual se lee al pasar la calle frente a la casa de su empírico y recursivo editor, en el cual, se encuentran pegadas pequeñas notas a mano de tintas negras y rojas, en las que convoca a la comunidad a reuniones comunitarias, informa sobre acciones de programas estatales y sólo a veces, divulga pequeñas notas de opinión, procurando no cruzar el límite de lo innombrable, que en este municipio es casi todo. En los medios de San José de Uré, no se discuten polémicas públicas que puedan herir susceptibilidades de grupos poderosos o de políticos o mafiosos de la región, por miedo a represalias o que las agencias del estado, lleguen a reprimir el rudimentario medio de expresión masiva.

El otro medio comunicación de San José de Uré, es una emisora comunitaria, igual que la de Ariel Guzmán o la de “Ospica”, pero esta se encuentra en San José de Uré, y pintorescamente opera en la plaza del pueblo, con un cable de audio conectado a un megáfono que cuelga del campanario de la iglesia, lleva años buscando infructuosamente comunicarse con el Mintic para legalizarse.

Como no lo han logrado, dependen de la buena voluntad del Alcalde a quien no deberán criticar, ni poner en tela de juicio. “Donde la emisora se ponga a denunciar los elefantes blancos de la Alcaldía, como esa plaza inútil de mercado que hicieron en una zona habilitada para la construcción de viviendas o la falta de acueducto en un municipio que ha recibido 100 mil millones de pesos por las regalías de la mina de Cerro Matoso, el alcalde simplemente se las manda cerrar por ilegal”, asegura otro importante líder de las comunidades negras.

En Cereté, a una hora y media del pueblito donde nació Ariel Guzmán, el periodista Domingo José, cuenta que en las tres décadas que lleva trabajando como periodista empírico, no sólo vio naufragar su proyecto periodístico escrito, por falta de pauta, sino que fue testigo, en dos ocasiones, de cómo las autoridades desmontaban dos de las emisoras comunitarias que alguna vez tuvo el municipio. La primera vez, fueron los funcionarios del Ministerio de Comunicaciones; la segunda, los agentes de la Policía Judicial, Sijin.

Desde entonces, Cereté no tiene medios locales, y en los exhibidores de la calle del comercio, los almacenes y droguerías de pequeños comerciantes locales,sólo se ven los titulares de El Meridiano y las fotos de cadáveres frescos y delincuentes recién capturados, y titulares de “El Propio”, el periódico sensacionalista de la misma casa editorial. Ambas publicaciones son producidas e impresas en Montería, tan vecina y contigua a Cereté que parecieran ser un solo lugar.

Cereté, un municipio de 93 mil habitantes a cinco horas de San José de Uré y contiguo a Montería, tuvo durante mucho tiempo una emisora comunitaria legalmente constituida, que luego de haber sido cerrada por malos manejos, no ha sido reemplazada desde el año 2004.

Rafael Chica es un hombre controversial en Cereté; curtido periodista de radio, prensa y televisión, aspiró y ganó la alcaldía del municipio en 2008 y, desde entonces, todos lo vinculan con la casa del liberal Juancho López, quien en su momento le dio el aval político.

Director de una plataforma web dedicada a las noticias de actualidad. Su tráfico crece día a día, pese a que muchos lo sigan con sospecha, por la abierta amistad que ha mantenido con el hoy exsenador, condenado por parapolítica.

El portal Chica Noticias es sólo uno de siete medios nativos digitales que han aparecidos durante los últimos 16 meses en Córdoba. Buena parte de ellos fueron creados por periodistas que solían arrendar espacios en Radio Panzenú y que se quedaron sin trabajo luego de que la emisora cordobesa fuera cerrada temporalmente por el Ministerio de Comunicaciones en 2015, por cuenta de irregularidades en su operación.

Chica no tiene problema en admitir su cercanía con la casa politica López, pero asegura que no es el único periodista digital que tiene hoy nexos con los caciques cordobeses.

El director de Montería 38, Gustavo Santiago, fue jefe de prensa y miembro de la unidad de apoyo técnico legislativo del senador Bernardo Ñoño Elías y muchos en Córdoba aseguran que la plataforma era prácticamente controlada por el congresista, capturado a comienzos de Agosto, acusado por la Fiscalía de ser parte de la trama de corrupción tejida por Odebrecht.

La tendencia continúa con Lengua Caribe, del periodista Víctor Arrieta, amigo cercano del exgobernador Alejandro Lyons, hoy procesado por presuntamente firmar millonarios contratos del Fondo de Ciencia y Tecnología del departamento que nunca fueron ejecutados.

Dos medios nativos digitales más son muy cercanos a la familia Besaile: el equipo directivo de La Voz del Pueblo, fundado hace más de un año, manejó las comunicaciones de la campaña del gobernador Edwin Besaile; mientras que en la Ventana de Córdoba, Mauricio Castilla, uno de sus directivos, tiene una estrecha amistad con el senador Musa Besaile, hermano del gobernador y hoy vinculado al escándalo de corrupción en el sistema judicial, luego de admitir el pago de 2.000 millones en sobornos a magistrados de la Corte Suprema.

Por último, está La Prensa Web, en la que dos de sus socios fueron jefes de prensa del exgobernador Alejandro Lyons.

La proliferación de estos nuevos medios nativos digitales altamente politizados combinada con la gradual agonía de los medios comunitarios —la Federación Nacional de Medios Comunitarios estima que unas 250 radios están en riesgo de cerrar por los cobros coactivos del MinTic por no cumplir con todos los requisitos técnicos—, le plantea al país una pregunta obligatoria: ¿qué canales están siendo hoy controlados directamente por las comunidades de base para expresar su voz, sus problemas, sus necesidades y su identidad?

En teoría, el Acuerdo de Paz de La Habana establece un esquema de nuevas emisoras comunitarias que, aunque no resuelve el problema de decenas de emisoras que hoy operan en la informalidad, sí debería reducir en algo el déficit de información en las regiones.

Sin embargo, el Ministerio de las TIC no ha dado muestras de voluntad de implementar este punto.

Así, es entendible la frustración que sienten cientos de comunidades que quisieran tener su propio medio de expresión y que son sistemáticamente ignoradas. En medio de la corrupción, la violencia del narcotráfico y los retos del posconflicto, ¿qué harán estas comunidades si no reciben apoyo para agarrar el micrófono?

Estos casos de corrupción del ministerio de las TIC, son revelados a la opinión pública, gracias a una serie de estudios e informes especiales de la Fundación para la Libertad de Prensa.

Es triste el caso de aquel pueblo escondido, donde nació Ariel Guzmán, la experiencia desmotivadora de “Ospica” en un corregimiento de Cartagena (Bolívar), y la realidad de los medios de comunicación en el próspero municipio de Cereté y en San José de Uré, como en muchas otras poblaciones del territorio Colombiano, lo cual no constituyen casos aislados; durante los últimos meses, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) ha efectuado un seguimiento y análisis del estado actual de los medios de comunicación en los municipios del país y ha encontrado que uno de cada tres municipios no cuenta con medios que publiquen información local, pero esto no es causalidad, todo obedece a la necesidad de los pocos grupos económicos que controlan a la política colombiana, de mantener al pueblo desinformado y sin licencia para hablar, ni educarse a través de los medios masivos de comunicación; Es por esta razón que las redes sociales han cobrado una vital importancia constituyéndose en un poderoso medio de comunicación de todos aquellos a quienes se les ha coactado su libertad de opinar, informar y de fundar medios masivos de comunicación. Hoy por hoy, las redes sociales son un eficaz medio para denunciar, lo que los monopolios de la comunicación callan.

Las cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación en materia de radios comunitarias, registra que un 46% de los municipios del país, no cuenta hoy con emisoras comunitarias legalmente constituidas,un 5% más que en 2010, año en que Colombia llegó a tener un pico de 658 emisoras comunitarias, producto, en parte, de un documento Conpes, construido durante el gobierno de Álvaro Uribe que, según varias fuentes consultadas del sector, ha sido gradualmente relegado al olvido.

El olvido se manifiesta en los indicadores: Durante los dos gobiernos del presidente Juan Manuel Santos, el número de emisoras comunitarias autorizadas decreció en un 7%, mientras que el número de emisoras comerciales aumentó en un 6%, estando estas últimas bajo el control y monopolio de pequeños grupos económicos.

En el mismo periodo, el gobierno otorgó 46 licencias a radios comunitarias, mientras que 91 emisoras de este tipo salieron del aire en sendos municipios.

Si se le compara con el gobierno de Álvaro Uribe, el actual gobierno tampoco sale bien librado: en los últimos dos años, el MinTic ha otorgado tan solo cinco licencias a radios comunitarias, mientras que durante sus últimos dos años, el de Uribe otorgó 163.

Pero el olvido se manifiesta, sobre todo, en los 385 municipios que, según Cartografías de la Información, nunca han podido ingresar al club de las emisoras comunitarias (aunque muchos lo deseen), o los que han visto agonizar sus proyectos en los últimos años, como si el derecho a fundar medios masivos de comunicación y ejercer la libertad de comunicación fuese un derecho reservado para determinados grupos económicos a los que el Ministerio dela TIC y la Agencia Nacional de la Vigilancia del Espectro, le hicieran los favores a la hora de decidir a quienes les cierran emisoras o medios de comunicación, y cuando abren las licitaciones para fundar medios de comunicación radial en Colombia.